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CARC

Tribunal suspende decreto que impide usar poder especial para presentar declaración de Registro de Accionistas




El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (CAACR) anunció que han obtenido una medida cautelar provisionalísima para suspender parte de un decreto ejecutivo que restringía la presentación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), también conocido como Registro de Accionistas, únicamente a los representantes legales de las personas jurídicas obligadas a proporcionar la información. Esta medida había eliminado la posibilidad de presentar la declaración utilizando un poder especial protocolizado para dicho fin.

Con esta medida cautelar, ahora se permite que la declaración del RTBF sea presentada por una persona que tenga un poder especial para este acto, una opción que fue eliminada por el artículo 5 del Decreto 44390-H emitido el 8 de marzo pasado.

El CAACR destacó que esta acción fue tomada "en defensa del interés gremial" para permitir que los abogados continúen prestando el servicio de registro de accionistas de sus clientes mediante poderes especiales. Se argumentó que la eliminación de esta posibilidad dejaba a los inversionistas extranjeros sin la capacidad de cumplir con sus obligaciones, lo cual podría afectar negativamente la economía y el empleo del país.

El presidente del Colegio, Francisco Eiter Cruz Marchena, calificó la exigencia de un poder generalísimo como "irracional, desproporcionada e inviable". Además, señaló que el Colegio tomará las medidas necesarias para apoyar al gremio y facilitar los trámites en el país.

Aunque el Colegio había solicitado al Poder Ejecutivo que revocara el cambio realizado, optaron por la vía judicial al no recibir una respuesta oportuna del gobierno.

El RTBF es una obligación para los representantes legales de las personas jurídicas de proporcionar información sobre la conformación del capital social y la identificación de los beneficiarios finales, de acuerdo con la Ley 9416. Este año, la declaración debe presentarse durante el mes de julio. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas y restricciones en las certificaciones y registros legales.

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