El Estado ya vivió este tipo de situaciones en el pasado. De hecho, en la administración de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) nueve jerarcas recibieron el incentivo de prohibición, a pesar de que incumplían los requisitos para ello.
Dicho componente equivale al 65% del salario base y tiene como objetivo impedir que funcionarios ejerzan sus profesiones liberales.
La suma de los sobresueldos fue ¢144,2 millones, de los cuales, el 43,3% no han sido devueltos, según se extrae de un análisis partir de consultas giradas a 10 entidades y 3 de los exfuncionarios.
Es decir, seis años después de culminada el primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), no se han logrado reintegrar a las arcas públicas ¢62,4 millones.
Valga recalcar que los esfuerzos porque esos montos sean recuperados están vigentes. Los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), de Comercio Exterior (COMEX), así como Agricultura y Ganadería (MAG), iniciaron procesos que hasta la fecha están activos.
Antes de desgranar cada caso, es necesario recordar a inicios de 2017 se destaparon una serie de casos derivados de un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), de que para cobrar el plus en cuestión es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, siempre que esa membresía sea requisito para ejercer la profesión.
Ninguno de los exservidores estaba incorporado a su colegio y, consecuentemente, no debían recibir el incentivo, de acuerdo con la opinión emitida por la Abogacía del Estado.
El entonces presidente de la República rechazó que lo sucedido fuera corrupción, pues —sostuvo— ninguno de los integrantes de su gobierno solicitó el pago, sino que lo recibieron por errores de los departamentos de Recursos Humanos. Afirmó en ese momento, en una entrevista con la revista matutina del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que todo se dio por "un enredo" en materia de empleo público.
Uno por uno
Los exjerarcas que tienen pendientes devoluciones al Estado de sueldos que no les correspondían son la exministra de Planificación, Olga Marta Sánchez Oviedo (Q.E.P.D.); el exministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora Delgado; y la exviceministra de Ganadería, Gina Patricia Paniagua Sánchez.
En el primero de los casos, se tiene que existe un certificado de adeudo por ¢28,2.
La oficina de prensa del Ministerio de Planificación explicó que gestionó el proceso en procura de recuperar la suma a través del Ministerio de Hacienda, el cual inició un procedimiento monitor ordinario encomendado a un fiscal de cobro.
Sin embargo, este trámite "se encuentra detenido" desde el 14 de diciembre de 2021, cuando Sánchez Oviedo falleció. Desde entonces, se está a la espera de que se registre la apertura de un proceso sucesoria o el nombramiento de un curador.
La gestión se desarrolla bajo el expediente 18-008704-1764-CJ, sobre el cual, este medio mantiene en trámite una serie de consultas ante el departamento de comunicaciones de Hacienda.
En el segundo caso, el Ministerio de Comercio Exterior optó por una vía distinta. El 18 de febrero de 2019, la entonces titular, Dyalá Jiménez Figueres, solicitó a la Procuraduría General la presentación de un proceso contencioso de lesividad.
La figura antes mencionada es aquella que puede incoar la Administración Pública con el que busca anular un acto por ella emitido, que resultó declaratorio de derechos, en palabras del abogado Juan Carlos Castro Loría.
En el caso contrato, el proceso se interpuso contra una acción de personal emitida por el Departamento de Recursos Humanos de la cartera, a la que se le asignó el número de referencia 514010577. Dicho documento dispuso el reconocimiento de la prohibición a Mora Delgado.
Dicho contencioso de lesividad busca se declare la nulidad de la acción de personal, de manera que se pueda reclamar al exministro la devolución de las sumas que se le entregaron por el plus, a pesar de que fungió en el cargo sin estar incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.
Al proceso se le asignó la sumaria 20-000959-1027-CA, que aguarda por el dictado de sentencia por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, confirmó el departamento de comunicaciones de la Abogacía del Estado.
Si bien la cartera indicó que hasta la fecha no le consta que Mora Delgado haya reintegrado los ¢29,6 millones que se le requieren, el exjerarca aseguró que el monto en su totalidad fue consignado judicialmente —es decir, se mantiene en cuentas del órgano jurisdiccional— a la espera de la resolución.
En otras palabras, si el proceso de lesividad prospera, el dinero regresara a cuentas del Estado, de lo contrario, se le devolverá al exfuncionario.
En cambio, el Ministerio de Agricultura detalló que solicitó a la Procuraduría un proceso que se desarrolla en el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José.
Al respecto, el procurador Luis Felipe Solano Ramírez señaló a este medio que el caso contra Paniagua Sánchez se tramita bajo la causa 16-34812-1012-CJ.
Sobre el estado del expediente, el procurador mencionó —a través del departamento de comunicaciones de la cartera— que "se encuentra actualmente en etapa de ejecución, liquidando intereses y costas, intentando recuperar los dineros adeudados por ella sin que a la fecha se hayan obtenido resultados positivos".
Otros seis exjerarcas sí realizaron la devolución.
Dos de ellos fueron el exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín, así como la exviceministra de Asuntos Políticos y de Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga Aponte.
Ambos aseguraron que reintegraron ¢9,9 y ¢27 millones, respectivamente. Sobre ese particular, este medio procuró una confirmación de parte de la oficina de prensa de Casa Presidencial desde el 16 de enero, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta.
Jiménez Marín explicó que él suscribió un acuerdo de pago con el que pagó lo requerido antes de que culminara la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), según recordó.
Por otra parte, Zúñiga Aponte explicó, "a pesar de que fue responsabilidad de Recursos Humanos", optó por hacer el pago en virtud de su "compromiso natural con la ética y las finanzas públicas".
El Departamento de Gestión de Talento Humano del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) consignó que su expresidente ejecutivo y exministro, Mauricio Ventura Aragón, no deuda a la institución ningún concepto, luego de que cancelara ¢3,7 millones de los cuales se aportaron comprobantes.
Las oficinas de comunicaciones de los ministerios de Vivienda y Asentamientos Urbanos (Mivah), Gobernación y Policía (MGP), así como de Justicia y Paz (MJP), confirmaron las devoluciones hechas por los exviceministros Ana Cristina Trejos Murillo (Vivienda, por ¢11 millones), Carmen Muñoz Quesada (Gobernación, ¢2,2 millones) y Víctor Barrantes Marín (Paz, ¢28 millones).
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