Una funcionaria de la Dirección General de Aduanas está bajo sospecha de colaborar con una banda dedicada al contrabando de cigarros, según confirmó el fiscal adjunto Mauricio Boraschi en una conversación con Telenoticias.
En una operación dirigida por la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (Oecdo-OIJ), se realizaron 12 allanamientos en diferentes ubicaciones, incluyendo Cartago, Heredia, Alajuela, Golfito y San Carlos. Entre los objetivos figuraba la mencionada funcionaria, aunque su detención aún no ha sido confirmada.
El presunto líder de la banda, identificado como un hombre de apellido Segura, de 37 años, está entre los imputados. Se cree que la organización se dedicaba a la importación irregular de cigarros procedentes de China y los Emiratos Árabes Unidos, a través de Panamá, evadiendo impuestos y permisos sanitarios en Costa Rica.
Según las autoridades, el grupo habría defraudado al menos ¢800 millones desde 2021, una cifra que podría aumentar si se decomisan más cargamentos durante la investigación.
El inicio de las pesquisas se remonta a una incautación realizada por la Policía de Control Fiscal (PCF) durante un operativo en Río Claro de Golfito, donde se descubrió un camión de carga con placa panameña transportando electrodomésticos, aunque se encontraron cigarros de contrabando no declarados.
En el transcurso de la investigación, se decomisaron 4,5 millones de unidades de cigarros, y se descubrió una estructura en la que los miembros cumplían roles específicos para importar, almacenar y distribuir los productos ilícitos en Costa Rica.
El ingreso de los cargamentos de cigarros se realizaba mediante la contaminación de contenedores, con la ayuda de otras estructuras en Panamá. Además, los imputados habrían creado diez sociedades anónimas para blanquear las ganancias obtenidas del contrabando.
Se espera que como resultado del operativo se decomisen 15 vehículos y se registren ocho propiedades. El director general del Organismo de Investigación, Rándall Zúñiga, aseguró que estas operaciones se desarrollaban en varias zonas del país, y que las ganancias obtenidas eran legitimadas mediante negocios lícitos para ocultar su origen ilícito.
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