La Inspección Fiscal abrió una causa disciplinaria a la trabajadora que no apeló la liberación de dos sospechosos de amenazar con supuestas armas de fuego a agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esto a partir de un informe que el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, le ordenó a la subalterna, luego de que se enterara de que el Ministerio Público no recurrió una resolución del Juzgado Penal de La Unión, que permitió que los imputados salieran de la cárcel con medidas cautelares.
Ahora el órgano deberá determinar si existió o no una conducta que constituya una falta administrativa, informó el departamento de comunicaciones de la Fiscalía.
El caso se tramita bajo el expediente 24-000021-1821-DI, que avanza en la etapa de investigación.
La oficina de prensa del Ministerio Público no detalló cuándo se abrió el proceso, ni el nombre de la funcionaria ni su puesto.
Arremetida previa
Carlo Díaz Sánchez requirió a la subalterna el informe luego de que criticara públicamente la determinación judicial del 29 de diciembre de 2023, que permitió la excarcelación de dos hombres de apellidos González Umaña y Castro Suárez, investigados por presunta portación ilícita de arma prohibida, así como aparentes amenazas agravadas.
Ambos están relacionados con un video que trascendió el 26 de ese mes, en el que se observa a dos individuos apuntar contra un vehículo que transitaba por vía pública en Linda Vista de Río Azul, La Unión. En el auto viajaban los agentes encubiertos que fueron confundidos con miembros de una banda rival, y quienes llevaban una cámara en la parte frontal.
Pese a la existencia de esa grabación, el órgano jurisdiccional dispuso la liberación con medidas cautelares alternativas para los sujetos, en el tanto que no se aportaron "indicios directos" que permitieran determinar que las armas observadas —un fusil de asalto AK-47 y una pistola 9 milímetros con cargador extendido— son reales. Valga recordar que, durante el operativo en el que fueron capturados los sospechosos, el Organismo de Investigación únicamente logró la incautación de un rifle de balines y arma hechiza que asemejaba ser un AK-47.
El fiscal general alegó que la determinación del Juzgado Penal carece de fundamento y viola las reglas de la experiencia (ese tipo de alegatos son frecuentes en los recursos de apelación).
Asimismo, argumentó que desde antes de la detención de los imputados, el video del hecho se filtró y fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, lo que le permitió a González Umaña y Castro Suárez cambiar sus apariencias (uno de ellos se rapó, por ejemplo) y deshacerse de elementos que los pudiesen involucrar.
"Es evidente que las armas no iban a aparecer", aseguró Díaz Sánchez, poco después de expresar su decepción por lo resuelto.
Pese a la posición de su jefe, el Ministerio Público no apeló las disposiciones emitidas el 28 de diciembre de 2023.
A los encartados se les impusieron las medidas de firma periódica en sede judicial, prohibición para portar armas de fuego y una orden de salir de Linda Vista de Río Azul de La Unión.
Sin embargo, González Umaña descuenta tres meses de prisión preventiva desde el 9 de enero pasado, después de que, el día antes, fuera capturado por oficiales de la Fuerza Pública en la comunidad en la que precisamente se le había prohibido estar.
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